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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española que los servicios de asistencia jurídica gratuita ya no estarán, como hasta ahora, exentos de este impuesto sino no sujetos al mismo.

En la reunión que tuvo lugar el pasado día 1 de marzo, el responsable de la cartera de Justicia ha trasladado la decisión del Gobierno de presentar, con el consenso del PSOE y de la práctica totalidad del resto del arco parlamentario, una Proposición de Ley que modifique la actual Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, fortaleciendo así el principio de obligatoriedad de la misma y su carácter indemnizatorio.

Esta reunión se produjo tras las protestas que tuvieron lugar por parte del colectivo de abogados como consecuencia del cambio de criterio introducido por la consulta vinculante V0179-17, de fecha 25 de enero, de la Dirección General de los Tributos (DGT). Esta resolución declaró que, de acuerdo con la sentencia de fecha 16 de julio de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la actividad del turno de oficio es voluntaria, retribuida y por tanto onerosa, por lo que “los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos al Impuesto (…)”

Entonces, ¿tienen que declarar el 21% de IVA los procuradores y abogados del Turno de Oficio?

No.

Afortunadamente, tras la unión y la presión ejercida por el colectivo de abogados españoles se ha puesto en marcha una Proposición de Ley que modificará la actual Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, que tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2017 y dejará sin efecto la interpretación introducida por la DGT a través de su consulta vinculante de 25 de enero.

Esto supone el fortalecimiento del criterio interpretativo anterior, de forma que los servicios prestados por el turno de oficio tendrán carácter obligatorio y no voluntario y las cantidades recibidas por los profesionales que los prestan serán de naturaleza indemnizatoria y no retributiva, no pudiendo por tanto estar sujetos al IVA.

Esta controversia ha servido para poner de manifiesto, en primer lugar, que la asistencia jurídica gratuita es una prestación social y no de mercado, pues garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y se configura como un elemento imprescindible para la paz social. Y, en segundo lugar, también ha demostrado la fuerza que ejerce el colectivo de la Abogacía cuando actúa unido por el bien de la profesión y de la sociedad. #abogadosauna

Descarga aquí la Circular Consejo General de la Abogacía Española y la Nota de Prensa de Ministerio de Justicia.

 

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